DECRETO 2157 DE 2017

Por medio del cual se adoptan directrices generales para la elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas en el marco del artículo 42 de la Ley 1523 de 2012.

Buscando que las entidades públicas y privadas analicen los riesgos presentes en el entorno donde desarrollan sus operaciones y aquellos derivados del cumplimiento de su actividad económica, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, mediante la emisión del presente decreto, brinda las herramientas necesarias para el diseño del Plan de gestión del riesgo de desastres.

A través de este, se permite realizar un análisis detallado del riesgo apoyado en:

El replanteamiento en el desarrollo de los planes de emergencia, concientizara al personal interno y externo de las compañías, para que se apropien del rol que les sea asignado desde la planeación e implementación del PGRDEPP, permitiendo de esta manera, que se examinen todos los posibles riesgos que conlleven a:

De esta manera, se busca que los planes diseñados desde las empresas, se articulen con los sectoriales y territoriales, para que sean estos, quienes actúen como apoyo cuando el evento catastrófico, supere la capacidad de respuesta de las entidades. Pero para que esto suceda, el PGRDEPP, debe presentarse al Consejo Territorial de Gestión del riesgo correspondiente para que esta armonización sea posible. (Subsección 3. Parágrafo 1).

Sin lugar a dudas, los planes deben ser cada día más realistas y estar acordes a los acontecimientos sucedidos en el territorio nacional, en donde se ha evidenciado que gran parte de los eventos no deseados que se materializaron, están relacionados con inadecuadas planeaciones en los cuales se incurrió en pérdidas humanas, económicas y tecnológicas.

La invitación es que desde la gerencia, se asuma conciencia de la importancia en la implementación y seguimiento continuo de acciones, que permitan una adecuada reacción a eventos, que expongan la vida e integridad de los recursos de la compañía.

• Su implementación inicia a partir de la fecha de emisión del decreto y contará con un plazo de adopción de seis meses prorrogables por el mismo periodo de tiempo.
• Debe ajustarse anual o antes según los seguimientos que se desarrollen al mismo.
• El plan debe estar acorde a la naturaleza de la empresa y articularse con los sistemas de gestión que se encuentren implementados.
• La responsabilidad de implementación recae en el Representante legal.

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