RESOLUCIÓN 799 DE 2025: ENTENDIENDO LA CLAVE DE LA GESTIÓN DE BATERÍAS USADAS
Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2026
En el panorama empresarial actual, la sostenibilidad ha dejado de ser una opción para convertirse en una responsabilidad fundamental. Para la industria automotriz y de equipos, esta responsabilidad adquiere un nombre claro: Baterías Usadas Plomo Ácido (BUPA). Estos componentes, vitales para el funcionamiento de innumerables dispositivos, representan un riesgo ambiental significativo si no se gestionan adecuadamente.
La Resolución 799 de 2025, emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, es una respuesta contundente a este desafío, estableciendo un marco legal para su recolección y gestión. Esta normativa no solo busca proteger los recursos naturales, sino que impulsa a las empresas hacia una economía circular, en la que cada producto tiene un ciclo de vida definido, incluso después de su uso.
El Contexto y la Importancia de la Norma
La Constitución Política de Colombia establece que es deber del Estado y de los ciudadanos proteger la riqueza natural y el derecho a un ambiente sano. En este contexto, la Resolución 0799 de 2025 es un paso crucial para materializar esos principios.
La norma es de vital importancia porque aborda los riesgos asociados con las BUPA, que al contener materiales tóxicos como el plomo, pueden contaminar suelos y fuentes de agua si se disponen de manera incorrecta. Al reglamentar los Sistemas de Recolección y Gestión (SRG), la resolución impulsa un modelo de responsabilidad extendida del productor, donde quienes introducen las baterías en el mercado son responsables de su destino final.
¿Qué Deben Hacer las Empresas para Cumplir?
La norma es clara y asigna roles específicos a los actores del mercado, desde los fabricantes hasta los consumidores. Para cumplir con la resolución, las empresas deben enfocarse en dos pilares fundamentales:
1. Implementar Sistemas de Recolección y Gestión (SRG)
Los productores y/o importadores de BUPA tienen la obligación de diseñar e implementar un sistema de recolección que garantice el retorno de estas baterías. Estos sistemas deben ser financiados por los mismos productores y aprobados por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).
2. Asegurar Puntos de Entrega Accesibles
Los comercializadores (distribuidores, minoristas, etc.) deben participar en estos sistemas de recolección, facilitando a los usuarios o consumidores la devolución de las baterías usadas. Esto significa que los puntos de venta deben servir como puntos de recolección, garantizando que el proceso sea sencillo y accesible para el público.
Sanciones por Incumplimiento: Un Riesgo que no Puede Ignorarse
El incumplimiento de esta norma no solo representa un riesgo ambiental, sino también un serio riesgo legal y financiero. La resolución establece que el régimen sancionatorio aplicable será el contenido en la Ley 1333 de 2009, la cual define un amplio espectro de medidas y sanciones administrativas por infracciones ambientales. Entre las posibles consecuencias se encuentran:
- Multas que pueden ser consecutivas por cada día de mora.
- Decomiso de productos, equipos o vehículos.
- Suspensión o revocatoria de la licencia o del registro.
- Cierre temporal o definitivo del establecimiento.
Este régimen sancionatorio subraya la seriedad con la que el Estado colombiano asume el control y la fiscalización ambiental, dejando claro que la omisión de las responsabilidades ambientales tiene un alto costo.
En la Resolución 361 de 2011– se establecieron las disposiciones para distribuidores y comercializadores de baterías plomo ácido.
Gestión adecuada de las baterías usadas
La Resolución 0799 de 2025 no es un obstáculo, sino una oportunidad para la industria. Al adoptar de manera proactiva los Sistemas de Recolección y Gestión, las empresas no solo evitan sanciones, sino que fortalecen su reputación, construyen confianza con sus clientes y se posicionan como líderes en un mercado cada vez más consciente de la sostenibilidad. La gestión adecuada de las baterías usadas es un paso esencial para el crecimiento responsable y para contribuir a un futuro más limpio y seguro para todos.
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