LEY 2294 DE 2023- PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022-2026
El gobierno nacional expidió la ley 2294 de 2023 con el objetivo de sentar las bases para que el país se convierta en un líder de la protección de la vida a partir de la construcción de un nuevo contrato social que propicie la superación de injusticias y exclusiones históricas, el fin del conflicto armado, un nuevo relacionamiento con el ambiente y una transformación productiva en armonía con la naturaleza, así todos poder vivir una vida digna, basada en la justicia y en una cultura de la paz que reconoce el valor de la vida en todas sus formas.
A continuación, te contaremos aspectos algunos aspectos contemplados esta ley:
Ejes de transformación del plan nacional de desarrollo
El Plan Nacional de Desarrollo se materializa en las siguientes cinco (5) transformaciones:
Plan nacional de inversiones públicas 2023- 2026
Se estima en un valor de 1.154,8 billones, a pesos constantes de 2022, el cual incluye el componente Plan Plurianual de Inversiones para la Paz de forma transversal y que se estima en un valor de 50,4 billones, a pesos constantes de 2022, la inversión pública permitirá que el sector privado apalanque inversión adicional en un monto indicativo de 949,7 billones a precios constantes de 2022.
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Otros aspectos que se definen en el plan nacional de desarrollo 2023-2026
Asignación para la paz:
- Los recursos de la Asignación para la Paz serán destinados a la financiación de proyectos de inversión que tengan por objeto la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, incluyendo la financiación de proyectos destinados a la reparación de víctimas.
Agua y justicia ambiental:
- Creación del Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y otros crímenes ambientales.
- Se crean los consejos Territoriales del Agua en cada una de las eco regiones y territorios estratégicos priorizados.
Transporte y seguridad vial:
- En lo relacionado con el transporte escolar, se caracterizarán zonas diferenciales dando prioridad a zonas rurales o de frontera, con el fin que las autoridades territoriales en el marco de sus competencias puedan garantizar el acceso efectivo de la población al sistema de educación.
- La ANSV, en un término no superior a tres (3) meses, implementará una estrategia de prevención de la siniestralidad que contenga campañas masivas de concientización en seguridad vial, hábitos y comportamientos seguros, dirigida a todos los actores viales.
- Los vehículos nuevos de servicio particular diferentes de motocicletas y similares, se someterán a la primera revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes a partir del quinto (5°) año contado a partir de la fecha de su matrícula en el registro nacional automotor.
- Los vehículos nuevos de servicio público, así como las motocicletas y similares, deben someterse a la primera revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes al cumplir dos (2) años contados a partir de su fecha de matrícula.
Sector Salud
- Se realizará giro directo de la ADRES a los prestadores de servicios de salud.
- Se establecen prohibiciones claras para los agentes liquidadores en salud.
- Formación del Talento Humano en Salud.
- Desde 2024, Aporte a salud de los pensionados baja del 12% al 10%, para pensionados que devenguen entre 2-3 salarios mínimos.
- Se establecen lineamiento para facilitar los trámites de fabricación, venta e importación de medicamentos, dispositivos médicos y otras tecnologías en salud.
- Nace el Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos INDTOT
- Política Nacional de Salud Mental
- Saneamiento definitivo de los pasivos de la nación con el sector salud y pago con Deuda Pública.
Fomento al Empleo
- Ampliación a los empleadores que vinculen a trabajadores con discapacidad y podrá extenderse hasta agosto de 2026.
- Fortalecimiento de una estrategia de movilidad educativa y formativa, que permita a las personas que hayan cursado y aprobado programas de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano continuar su proceso formativo en las Instituciones de Educación Superior, respetando el principio constitucional de autonomía universitaria.
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